Recursos en contra de la Entidad de Conservación, desestimados

  Recientemente, una nueva avalancha de recursos de alzada en contra de la decisión de mantener la Entidad de Conservación de El Toyo han sido completamente desestimados por el Ayuntamiento.

  Lo cierto es que el Consistorio lleva ya varios años con problemas judiciales relativos a El Toyo. Entre 2013 y 2015, tuvo un litigio con la promotora del centro comercial propuesto para la urbanización, Joisán. En aquella ocasión, la victoria judicial se la llevó el Ayuntamiento, pero la sociedad limitada Joisán no tiró la toalla, volviendo a la carga en 2017.

  Sin embargo, este no es ya el único frente abierto desde la polémica asamblea de la Entidad de Conservación celebrada el 5 de febrero de 2018, donde se decidió mantener activa la Entidad otros 5 años. Los recursos de alzada urgen al Consistorio almeriense a revocar las decisiones adoptadas en dicha asamblea, argumentando la nulidad de la propia asamblea y sus decisiones en aquella ocasión por razones tanto formales como de contenido. Entre los argumentos propuestos, se incluyen la infracción de los estatutos de la Entidad o la forma en que se llevó a cabo la convocatoria, por ejemplo.

  Sea como sea, la cuestión de fondo realmente tiene que ver con la existencia de la Entidad de Conservación. De hecho, existen dudas acerca de su utilidad en 2.020, dado que la urbanización podría pasar a ser administrada directamente como un barrio de una manera similar a lo que pasó con la propia Retamar en 2005. De esta manera, los espacios libres de El Toyo, que en la práctica tienen un carácter público, pasarían a ser administrados por el Ayuntamiento.

A pesar de que la eficacia de la Entidad deja bastante que desear, tampoco lo hace tan mal como llegó a hacerlo la urbanizadora de Retamar, prácticamente obligando al Ayuntamiento a hacerse cargo de Retamar como un nuevo barrio. Tampoco es fácil imaginar que los servicios municipales puedan hacerse cargo de los amplios espacios ajardinados de El Toyo manteniendo al menos el buen estado general de las zonas verdes.

  En cualquier caso, esta nueva avalancha de recursos ha sido desestimada por la Junta de Gobierno. Para ello, se ha apoyado en un informe de los Servicios Jurídicos Municipales según el cual la polémica asamblea realmente se ajustó a la legalidad y a los estatutos de la Entidad. De esta manera, no habría razón para anular las decisiones aprobadas, pues serían completamente legítimas.

¿Qué opináis?¿Sigue teniendo razón de ser la Entidad de Conservación o debería el Ayuntamiento intervenir?